La Comisión Europea ha decidido dar un paso definitivo y llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber traspuesto a su legislación nacional dos directivas esenciales relacionadas con el IVA, entre ellas la que permite a autónomos y pequeñas empresas quedar exentos del impuesto hasta un umbral de facturación de 85.000 euros anuales. España es, a día de hoy, el único país de la Unión que no ha cumplido esta obligación.
¿Qué establece la directiva europea?
La Directiva (UE) 2020/285, aprobada en 2020, introdujo un régimen especial de IVA para pequeñas empresas cuyo objetivo es:
- Reducir cargas administrativas y burocráticas.
- Facilitar la competencia justa en el mercado interior.
- Eximir del IVA a pymes y autónomos con facturación anual inferior a 85.000 euros.
- Permitir que estas empresas no tengan que incluir IVA en sus facturas ni presentar declaraciones periódicas.
El plazo para que todos los Estados miembros aplicaran esta normativa expiró el 31 de diciembre de 2024
¿Qué ha hecho España?
Según la Comisión Europea:
- España no ha transpuesto ninguna de las dos directivas, pese a haber recibido aviso formal (carta de emplazamiento en enero de 2025 y dictamen motivado en julio del mismo año).
- Hacienda comunicó que no tiene intención de aplicar la exención del IVA en territorio nacional al tratarse de una medida opcional.
- Sin embargo, incluso aunque España decida no aplicar la exención internamente, sí está obligada a transponer la parte que permite a pymes españolas beneficiarse del régimen cuando operan en otros países de la UE, para lo cual deben estar registradas ante la administración española. Sin transposición, esto es imposible
Además, España tampoco ha incorporado otra directiva de 2022 relacionada con la localización de servicios digitales, bienes de segunda mano, obras de arte y reglas específicas de tributación, lo que genera riesgos de doble imposición o incluso ausencia de tributación.
¿Por qué Bruselas denuncia a España?
La Comisión Europea argumenta:
- Que España lleva más de un año acumulando retrasos pese a los avisos formales.
- Que es el único Estado miembro que no ha cumplido, lo que rompe la armonización fiscal europea.
- Que la falta de transposición perjudica a autónomos y pymes españoles, ya que no pueden beneficiarse de las exenciones en otros países de la UE.
- Que la normativa es imprescindible para evitar diferencias fiscales entre Estados y garantizar la competencia justa en el mercado único.
Por todo ello, Bruselas ha decidido escalar el procedimiento de infracción y llevar a España ante el TJUE.
¿Qué consecuencias puede tener?
Si el Tribunal de Justicia da la razón a Bruselas:
- España podría recibir una multa económica, tanto por incumplimiento como por retraso continuado.
- Se exigirá la transposición inmediata de ambas directivas.
- El país podría enfrentarse a penalizaciones periódicas hasta que implemente plenamente las normas.
- Los autónomos y pymes españolas seguirán temporalmente sin acceso a los beneficios del régimen de exención en el resto de la UE.
Bruselas enfatiza que la situación afecta directamente al tejido empresarial más vulnerable —autónomos y microempresas— y que la falta de transposición limita su competitividad dentro de la Unión.
El conflicto entre España y Bruselas se ha intensificado hasta alcanzar el máximo nivel judicial europeo.
La Comisión considera injustificable el retraso de España y denuncia que es el único país que aún no ha adaptado la normativa. Mientras tanto, miles de autónomos españoles siguen sin poder acceder al régimen simplificado de IVA vigente en el resto de la UE.
